Las leyes más polémicas del gobernador Ron DeSantis en Florida

Ley: HB 1557 Firma: 28 de marzo de 2022 La ley titulada “Derechos de los padres en la educación”, y conocida por los críticos como “No digas gay”, prohibía inicialmente a los maestros abordar la identidad de género y la orientación sexual entre el jardín infantil y el tercer grado. Esta ley, que desató todo tipo de reacciones y protestas dentro y fuera del estado, establece que “la instrucción en el aula por parte del personal escolar o de terceros sobre orientación sexual o identidad de género no puede ocurrir desde el jardín de infantes hasta el tercer grado o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con los estándares estatales”. El 19 de abril, la Junta de Educación del estado votó para extender la polémica ley a la educación secundaria, aclarando que fuera de los cursos de salud o reproducción, esa instrucción no es apropiada en ningún nivel de grado. Los docentes que infrinjan la nueva política estatal podrían ser suspendidos o sus licencias de enseñanza, revocadas. Ley: HB 1467 Firma: 25 de marzo de 2022 Ley: HB 7 Firma: 22 de abril de 2022 Desde el año pasado, la legislatura de Florida ha aprobado una serie de leyes en el ámbito educativo relacionadas con temas de importancia social como la comunidad LGBTQ, la identidad de género, la raza, las minorías los negros y la historia de la esclavitud en Estados Unidos, entre otros. En el estado hay voces a favor y otras en contra de las normas adoptadas por DeSantis respecto al uso de ciertos libros en las clases. El gobernador asegura que estas leyes hacen parte del denominado “Año de los Padres”, que según él tiene como objetivo preservar los derechos de los progenitores a tomar decisiones sobre los materiales educativos a los cuales están expuestos sus hijos en la escuela. Una de ellas es la ley HB 7 que declara como objetivo brindar a las empresas, empleados, niños y familias herramientas para luchar contra la discriminación y despertar del adoctrinamiento. Según el escrito, se autoriza la discusión de temas como el sexismo, la esclavitud, la opresión racial, la segregación racial y la discriminación racial, de una manera apropiada para la edad, sin que adoctrine o persuada a los estudiantes. Otra de las leyes es la HB 1467 que entró en vigor en julio de 2022, y se hizo popular por las imágenes que circularon en medios y redes sociales de bibliotecas y estanterías escolares cubiertas con plásticos y cinta. La ley exige que las escuelas tengan una base de datos en línea con la información de cada libro de sus colecciones para que los padres puedan consultar y determinar si hay algún contenido impropio, así como un especialista en medios capacitado por el Departamento de Educación de Florida que se encargue de revisar que el contenido de los libros sea adecuado para los menores. Ley: CS/HB 9B Firma: 27 de febrero de 2023 Con esta ley, Ron DeSantis busca quitarle a Disney, uno de los mayores empleados y contribuyentes de la Florida, un régimen de autogobierno en el distrito en el que están los parques de diversiones. Desde la década de 1960, cuando empezó el desarrollo de Disney World, la compañía ha contado con un estatus especial en Florida que le permite tomar decisiones y operar de manera muy similar a un gobierno local, brindando servicios de infraestructura, cambiando reglas de zonificación, contrayendo deudas para obras públicas, controlando su propio departamento de bomberos y administrando los sistemas de servicios públicos como agua y energía, entre otras cosas. La nueva ley le permite al gobernador reemplazar la junta que administraba del distrito, en su mayoría personas vinculadas a Disney, con un cuerpo de cinco miembros que él designó personalmente. La medida contra Disney se tomó luego de que la compañía se pronunciara contra el entonces proyecto de ley conocido como “no digas gay”, que DeSantis luego convirtió en ley y que restringe cierta instrucción en el aula sobre orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, a pesar de la firma de la ley y de que los miembros de la nueva junta ya están operando, al parecer, la disputa Disney-DeSantis parece no terminar aquí. En febrero, antes de que la junta seleccionada por DeSantis asumiera funciones, Disney llegó a un acuerdo por distintos contratos de largo plazo con la junta saliente que parecía dejar al organismo sin ningún poder para controlar las decisiones del distrito de Reedy Creek, como se llamaba antes de la ley. Con los contratos, que Disney dice que incluyen inversiones por más de US$ 17.000 millones, la compañía puede mantener el control sobre el desarrollo de sus proyectos y en sus propios términos. Los miembros de la junta designada por DeSantis declararon al asumir que los contratos prácticamente les ataban de manos. Disney señala que todo lo hizo dentro de las leyes de la Florida, incluidas las noticias públicas sobre las convocatorias a las varias reuniones en las que la junta saliente aprobó los acuerdos con la empresa. Luego de advertir que, entre otras acciones, el estado de la Florida podría incluso construir una cárcel cerca de Disney World, DeSantis lanzó una nueva ofensiva para invalidar los acuerdos que heredó lo que ahora se llama Distrito de Supervisión del Turismo en Florida Central. En el más reciente capítulo de la disputa, la junta de supervisión designada por DeSantis votó para anular los acuerdos entre Walt Disney Parks and Resorts y la junta anterior. Poco después, la compañía demandó a DeSantis y sus aliados políticos por violar “sus derechos constitucionales federales”. En la demanda, Disney alega que una “campaña dirigida de represalias del gobierno, orquestada en cada paso por el gobernador DeSantis como castigo por el discurso protegido de Disney, ahora amenaza las operaciones comerciales de Disney, pone en peligro su futuro económico en la región y viola sus derechos constitucionales”. DeSantis promete que la Legislatura estatal aprobará las leyes que haga falta para revertir tales contratos y hacer que Disney se ajuste a las mismas reglas que otros parques en el estado. Ley: HB 543 Firma: 3 de abril de 2023 A partir del 1 de julio, los residentes de la Florida podrán portar armas ocultas en espacios públicos sin necesidad de tener un permiso emitido por el gobierno. Así quedó estipulado en la ley firmada por Ron DeSantis a inicios de abril. Sus defensores la llaman ley “de seguridad pública”, mientras los demócratas y las organizaciones que están a favor del control de armas la critican. El senador estatal demócrata Shevrin Jones tuiteó: “Las armas están matando a nuestros hijos y destrozando familias. No son libros, no son "drag queens", ni siquiera es ‘despertar’, ¡son armas! Incluso con la pérdida de estas preciosas vidas, la legislatura de FLORIDA TODAVÍA sigue adelante con su proyecto de ley de porte sin permiso. Es una maldita vergüenza”. La anterior ley estipulaba que en Florida se necesitaba un permiso para portar armas en público, pero la nueva legislación elimina esta autorización y el requisito de recibir capacitación antes del porte oculto fuera del hogar. En un comunicado de la legislación se explica que la nueva ley “deja en vigor el proceso de concesión de licencias actual y la investigación de antecedentes, de modo que aquellos que opten por obtener un permiso por reciprocidad u otros fines, sean libres de hacerlo”. El año pasado DeSantis contó que tenía pensado firmar esta ley que denominó de “porte constitucional”, término que hace referencia al derecho a llevar un arma de fuego, de manera discreta o abiertamente, gracias a la Segunda Enmienda de la Constitución, que otorga al estadounidense el derecho a poseer y portar armas. Cuando entre en vigor, el 1 de julio de 2023, Florida se convertirá en el vigésimo sexto estado en reconocer el porte de armas sin permiso en Estados Unidos. Ley: SB 300 Firma: 13 de abril de 2023 Conocida por los republicanos como “Ley de protección de los latidos del corazón”, reduce la prohibición de abortar de las 15 a las 6 semanas de gestación. Quienes se oponen a la legislación han argumentado que seis semanas es antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas, mientras entidades científicas como el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés) señalan que esa designación es errónea ya que las cámaras del corazón no se forman sino hasta aproximadamente las semanas 17 a 20 del embarazo. Lo que las personas embarazadas pueden oír antes de ese momento, indica ACOG, es el aparato de ultrasonidos que traduce los impulsos electrónicos de la actividad cardíaca embrionaria o fetal “en el sonido que reconocemos como latidos del corazón”. La ley incluye algunas excepciones como violación, incesto y trata de personas hasta las 15 semanas, presentando una orden de alejamiento, un informe policial, un historial médico u otras pruebas, y condiciones fetales fatales que van más allá de las 15 semanas. También prohibirá a los médicos recetar un aborto a través de telemedicina y requerirá que los medicamentos abortivos sean administrados por un médico en persona, no por correo. DeSantis presenta la restricción del aborto después de seis semanas como un cumplimiento de su promesa de apoyar una legislación en ese sentido. Tras la aprobación del proyecto de ley por el Senado estatal, estallaron manifestaciones en el Capitolio en Tallahassee, que condujeron a la detención de la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, y de la líder de la minoría en el Senado estatal, Lauren Book. Así, Florida, que hasta hace poco figuraba entre los estados más permisivos para el ejercicio del derecho al aborto se convertirá en uno de los más restrictivos del país, para sumarse así a otros estados gobernados por republicanos que pusieron en práctica múltiples restricciones al procedimiento desde que la Corte Suprema de EE.UU. revirtió en junio de 2022 la jurisprudencia del caso Roe vs. Wade, que estableció el derecho constitucional al aborto por casi medio siglo a nivel federal. La prohibición del aborto luego de las seis semanas no entraría en vigor hasta que la Corte Suprema del estado anule su precedente sobre el aborto. Ley: CS/CS/SB 450 Firma: 20 de abril de 2023 Luego de que en noviembre del año pasado Nikolas Cruz, el joven que ingresó a la escuela de Parkland en Florida y mató 17 personas, fuera condenado a cadena perpetua y no a la pena de muerte, como lo había solicitado la fiscalía, Ron DeSantis aseguró que algo debía cambiar para que casos como este no se repitieran en los tribunales del estado. Por eso, presentó un proyecto que el 20 de abril se convirtió en ley y que, entre otras cosas, elimina el requisito de la unanimidad por parte del jurado para decidir la sentencia de pena de muerte. Antes de esta ley, para que a un acusado se le condenara a pena de muerte todos los miembros del jurado debían estar de acuerdo con esa recomendación, porque con uno que votara en contra no se aplicaba. En el juicio a Cruz, 3 de los 12 jurados votaron contra la pena de muerte, por lo que el atacante de Parkland fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, ante la decepción y el descontento de los familiares de las víctimas. Otro de los puntos clave de esta ley es que reduce de 12 a 8 el número de jurados para recomendar la pena de muerte. Es decir, si de los 12 jurados, al menos 8 la recomiendan, la condena será la pena capital para el acusado. Las reacciones de organizaciones en Florida no se hicieron esperar. Floridians for Alternatives to the Death Penalty (FADP, por sus siglas en inglés), un grupo que se opone a la pena capital, advirtió que la nueva ley sería impugnada inmediatamente y que podría dar lugar a más condenas erróneas. Mientras que la Unión Americana de Libertades Civiles de la Florida (ACLU, por sus siglas en inglés) también fustigó el nuevo proyecto de ley, asegurando en un comunicado de Tiffani Lennon, directora ejecutiva de la organización: “Con este proyecto de ley y otros, está ampliando rápidamente la red de quiénes serán enviados al corredor de la muerte sin tener en cuenta en absoluto los fallos que inevitablemente conducirán al daño de más personas inocentes". Ley: CS/CS/SB 1718 Firma: (se espera pronto) Un polémico y ambicioso proyecto de ley migratorio, que presentó el gobernador de Florida Ron DeSantis en febrero, está a punto de ser aprobado por Legislatura estatal. Según DeSantis, la ley servirá para tomar medidas contra la creciente amenaza que supone la inmigración ilegal como resultado, según proclama el gobernador, del fracaso de la administración de Joe Biden para asegurar las fronteras. Por un lado, la ley busca dotar con US$ 12 millones al controvertido programa de vuelos de migrantes de DeSantis, que se dio a conocer a nivel nacional luego de que en septiembre del año pasado fueran trasladados con apoyo de aviones enviados desde la Florida unos 50 inmigrantes en un vuelo desde Texas hasta Martha’s Vineyard, en Massachusetts. Además, el proyecto de ley contempla sanciones penales para las personas que oculten, alberguen, transporten o protejan a quienes entraron de forma ilegal a Estados Unidos. También dice que algunas licencias de conducción e identificaciones emitidas por otros estados a los inmigrantes en situación irregular no serán válidas en Florida. Exige a algunos hospitales que soliciten información sobre el estatus inmigratorio de los pacientes en los registros de admisión y aumenta la multa máxima por emplear, contratar o referir inmigrantes en situación irregular para puestos públicos o privados. Hasta ahora, los demócratas han tratado de suavizar los puntos más controvertidos del proyecto de ley presentando una serie de enmiendas que luego la mayoría republicana en la Cámara de Representantes del estado rechazó.