Gobiernos no deben dar curso legal a ninguna criptomoneda: propuesta regulatoria del FMI 

Las recomendaciones del FMI y el FSB, que son una respuesta a la petición que hiciera la presidencia del G20 meses atrás, se publican a pesar de que, según estos organismos, el ecosistema de las criptomonedas tiene una “limitada conexión directa” con las instituciones financieras tradicionales.   No obstante, ambas entidades reconocen que el mercado de criptomonedas ya ha ganado tracción para pagos o inversiones minoristas, lo que identifican como una “fuente de riesgo sistémico” para las economías mundiales.  El FMI y el FSB defienden que las recomendaciones proporcionan una “orientación integral para ayudar a las autoridades a abordar los riesgos macroeconómicos y de estabilidad financiera que plantean las actividades y los mercados de criptoactivos”.   Ambas entidades incluyen dentro de las actividades de las criptomonedas, aquellas relacionadas con las stablecoins (como USDT o USDC, por ejemplo), así como con las finanzas descentralizadas (DeFi).    Tal como se aprecia en el extenso documento, el FMI y el FSB emitieron una serie de recomendaciones y consejos a las autoridades nacionales de los países. Destaca entre ellas una que tiene que ver con la adopción legal de las criptomonedas por parte de los Estados.   Bajo el argumento de “proteger la estabilidad financiera”, las entidades recomendaron a los gobiernos no otorgar el estatus de curso legal a los criptoactivos, ya que los medios de pago oficiales “deberían limitarse a monedas públicas emitidas por el Estado”.    Sin mencionarlo, las instituciones hicieron clara referencia a El Salvador, en Centroamérica. Este es el primer país del mundo en otorgarle el curso legal a bitcoin.   Según el FMI y el FSB, los criptoactivos no pueden ser considerados como una moneda, ya que “no cumplen con sus tres condiciones básicas (unidad de cuenta, medio de cambio y depósito de valor)”.   Pero estas organizaciones ignoran el hecho de que bitcoin, por sí solo, cuenta con esas tres condiciones básicas y, además, es mejor dinero que el tradicional emitido por los Estados, ya que es descentralizado.   En efecto, bitcoin se usa como unidad de cuenta en muchos comercios del mundo, sobre todo en los que están ubicados en las ciudadelas, donde se han gestado auténticas economías circulares en torno a BTC.    Además, bitcoin es visto como un medio de intercambio para bienes y servicios en todo el mundo, gracias a los miles de plataformas y medios de cambio que ya existen. Y a esto último se suma que BTC es un depósito de valor real que, a diferencia del dinero fíat, no se deprecia con el paso del tiempo debido a que es un activo cuya emisión es finita.  A pesar de que BTC es una excepción clara, el FMI y el FSB mantienen su discurso en contra de las criptomonedas e insisten en que debe haber una barrera entre estos activos y el sistema financiero tradicional. Tanto, que exhortan a los bancos centrales a “evitar mantener criptoactivos en sus reservas”.   Por otro lado, el FSB y el FMI sugieren que el uso de criptoactivos en los pagos oficiales por parte de los países “debe ser limitado”. Esto último, “para evitar exponer ingresos del gobierno a variaciones en los precios de los criptoactivos”.    El FMI y el FSB también exhortan a los gobiernos a evitar las garantías de convertibilidad, de manera que se impida que sus tesorerías “acumulen pasivos”. Y, también, piden que se aborden los riesgos para las operaciones de gestión fiscal relacionadas con los criptoactivos, los cuales “deben gestionarse con salvaguardias y controles”.   “Las administraciones tributarias deberían aprovechar la información de terceros, especialmente cuando intervienen intermediarios como plataformas de comercio de criptoactivos, corredores de bolsa y otros intermediarios, para mejorar el cumplimiento tributario”, indican las organizaciones.  Otra de las recomendaciones del FMI y el FSB es que los gobiernos deben contar con “poderes regulatorios apropiados” mediante los cuales puedan aplicar “requisitos integrales y efectivos de regulación” sobre el mercado de bitcoin y las criptomonedas.  Según estas instituciones, los gobiernos deben utilizar tales poderes, herramientas y recursos “para regular, supervisar y vigilar las actividades y mercados de criptoactivos”. También, para “hacer cumplir las leyes y regulaciones pertinentes de manera efectiva”.  “Los poderes deben aplicarse de manera proporcional a los riesgos planteados y coherentes con los estándares internacionales y con los mandatos respectivos de las autoridades”, dicen las instituciones.  Asimismo, el FMI y el FSB alientan a los gobiernos a “identificar y monitorear las interconexiones relevantes, tanto dentro del ecosistema de criptoactivos como entre el ecosistema de criptoactivos y el sistema financiero en general”.   Esto último, ya que la identificación de tales conexiones, así como de los riesgos asociados a las criptomonedas, “puede mejorar la capacidad del gobierno para mitigarlos y abordarlos, promoviendo la credibilidad fiscal y las finanzas públicas sostenibles”, según el FMI y el FSB.  El FMI y el FSB también se refirieron al tema tributario relacionado con las criptomonedas. Según estas entidades, los gobiernos del mundo deben “minimizar los riesgos fiscales y operativos en los casos de uso oficial de criptoactivos”.   Para estas instituciones, las políticas tributarias “deberían garantizar un tratamiento fiscal inequívoco de los criptoactivos”. Además, consideran que las administraciones tributarias de los países “deberían fortalecer los esfuerzos de cumplimiento”.     “Las disposiciones legales deben reflejar claramente las decisiones de política sobre el tratamiento fiscal de los criptoactivos, incluidos los impuestos sobre la renta/patrimonio y el valor añadido”, argumentan los entes.  Esta recomendación sobre el tema fiscal de las criptomonedas aborda la preocupación del FMI expresada julio pasado, cuando el organismo advirtió que los problemas tributarios con los criptoactivos iban a “empeorar”.  Como lo reportó CriptoNoticias, tal empeoramiento surgiría por el carácter pseudónimo de las operaciones con criptomonedas, así como sus diversos usos, ya sea como activos de inversión o como medios de intercambio.