Pederastia en España: “Ahora que somos adultos empoderados podemos contar la historia de los abusos sexuales a menores que sufrimos en la Iglesia católica”
“Yo quería denunciar porque lo que me había hecho el monje era un delito, pero mis padres tenían miedo”.
Así cuenta Miguel Hurtado cómo empezó su largo y doloroso camino para ser reconocido como víctima de abuso sexual por parte de un monje de un monasterio católico situado a las afueras de Barcelona cuando tenía 16 años.
“Mi madre creía que el grupo católico de jóvenes scouts de la Abadía de Monserrat era muy seguro, pero desgraciadamente era un sitio mucho más peligroso de lo que aparentaba”, explica este psiquiatra catalán que hoy tiene 41 años y lleva la mitad de su vida buscando justicia.
Han sido más de dos décadas en las que Miguel lo ha intentado casi todo para denunciar lo que le pasó: grabaciones secretas, un documental, un libro, una reunión con el papa Francisco, una campaña de recolección de firmas y, por supuesto, hacer terapia y relatar su testimonio a las autoridades y a la prensa.
Tal ha sido su perseverancia que su caso de abusos se ha convertido en uno de los más emblemáticos en España.
Recientemente, la Defensoría del Pueblo de ese país publicó un informe realizado por una comisión independiente sobre la pederastia en la Iglesia católica española. Es el primero de su tipo e incluye la historia de Miguel.
En el informe se estima que el 1,13% de la población adulta española actual ha sufrido abusos por parte de sacerdotes.
Ese dato contradice la versión de la Iglesia que dijo durante años que ese país era un excepción frente a la gravedad del fenómeno mundial.
La institución religiosa ha reaccionado al informe de forma fragmentada y sin un consenso claro.
Mientras el presidente de la Conferencia Episcopal Española rechazó en redes sociales las cifras que se extrapolan del texto, la conferencia Española de Religiosos (CONFER) emitió un comunicado en el que agradeció el trabajo realizado por el Defensor del Pueblo, se comprometió a estudiar las recomendaciones del informe y pidió perdón a la víctimas.
La investigación oficial española se produjo porque en 2022 varios partidos políticos pidieron la creación de una comisión que analizara el tema.
Argumentaron, entre otras cosas, que a diferencia de países vecinos como Francia y Portugal, y de muchos otros países del mundo, España seguía sin investigar formalmente los abusos de la Iglesia.
Mundo Noticias habló con Hurtado sobre ese informe, pero también sobre su historia, su activismo y sobre el complejo proceso que deben enfrentar las víctimas de pederastia dentro de la Iglesia católica para denunciar y que se haga justicia.
“Yo lo que pensaba era: si esto me lo ha hecho a mí, se lo puede haber hecho a otros. Hay que encontrar alguna manera de pararle los pies”.
Miguel tenía 17 años en el momento en el que llegó a esa conclusión.
Su abusador era el monje Andreu Soler, quien llevaba más de 40 años liderando un grupo de jóvenes scouts en la emblemática Abadía de Montserrat, icono de la cultura catalana.
Se habían conocido un par de años atrás en ese grupo, y el monje poco a poco se había convertido en un guía espiritual al que el joven Miguel le tenía mucha confianza.
Tanta que le confesó su angustia al darse cuenta de que era homosexual.
“Le dije que era gay, que lo estaba aceptando, que mis padres no lo sabían y que estaba preocupado por cómo se lo podía decir”.
Desde ese momento, el comportamiento del monje empezó a confundir a Miguel.
Por un lado era un hombre respetado por la comunidad, carismático, muy preocupado por el bienestar de los jóvenes y que, además, mostraba interés en escucharlo y le ofrecía orientación.
Pero, por el otro, era un hombre de 65 años que buscaba estar a solas con él por las noches y que le decía que si “trabajaban juntos, esos impulsos homosexuales se podían curar”.
“Para mí, él era una figura paterna y su discurso era: así como me intereso por tu bienestar y te intento dar consejos sobre la familia, sobre los amigos, también te doy consejos sobre educación sexual”.
Pero esos aparentes consejos incluían tocamientos que fueron escalando de nivel.
“Cuando me dio el beso con lengua yo me quedé petrificado. Cerraba muy fuerte los dientes porque no quería que me hiciera eso. No me gustaba lo que estaba pasando y me quedé en shock. No pude reaccionar”
Y luego llegó la claridad.
“La barrera de negación que había tenido durante tantos meses se derrumbó. Entendí que lo que el monje estaba haciendo no era parte de un intento de dar educación sexual sino que era abuso".
“Lo que pasó fue que él se aprovechó de esa información confidencial para comenzar a abusar sexualmente de mí”.
A la primera persona que Miguel le contó los abusos fue a otro monje que lo notó extraño y se atrevió a preguntarle qué le pasaba.
Ese monje fue empático y se mostró comprensivo al inicio, pero cuando Miguel quiso darle seguimiento a su denuncia para saber cuáles podrían ser los siguientes pasos, se enfrentó al hermetismo.
“Tuvo una actitud más defensiva. Era como si aquello hubiera sido una chiquillería. Una travesura sin importancia, que le das una palmadita en la mano para que no lo vuelva a hacer y ya está”.
Miguel comprendió que en la Iglesia no había voluntad de denunciar ante la policía, ni de avisar a sus padres ni a los de los demás jóvenes, ni mucho menos encontrar otras víctimas.
“Me quedé muy, muy en shock porque no me lo esperaba. Que te falle una persona es duro. Pero que ya te falle una segunda persona y que te esté fallando la institución es mucho más duro”.
El siguiente paso fue contárselo a sus padres, dado que ellos eran sus representantes legales.
Al enterarse, la mamá de Miguel decidió enviar una carta al abad principal quejándose de lo sucedido y de que no se hubieran tomado medidas.
“El abad respondió diciendo que el abusador había sido trasladado a un monasterio que tiene la orden en el interior de Cataluña y que ya no volverían a tener este tipo de problemas".
“Fue cálido, afectuoso, se mostró preocupado por mi bienestar, y le recomendó a mi madre que no denunciara, que era mejor que lo gestionaran internamente porque si ponía una denuncia le tendrían que poner un abogado al agresor”.
Para Miguel, en ese momento quedó claro el encubrimiento institucional.
“Tuvieron la reacción habitual. En un primer momento negación, pretender que nada está pasando, y cuando ya la queja escala a tal intensidad que está ahí y que no hay manera de contenerla, resuelven el problema moviendo al agresor a otro lugar dentro de la red de instituciones que tiene la misma Iglesia católica”.
Pero Miguel ya tenía claro que lo que había ocurrido era un delito y quiso denunciarlo ante las autoridades españolas. El problema era convencer a sus padres.
“ Mis padres tenían miedo de las consecuencias, tenían miedo de la hostilidad social, tenían miedo de que nadie me creyera. Tenían miedo de que la Abadía contratara un buen equipo de abogados que nos destrozara judicialmente”.
Se enfrentaba ahora a su propia familia.
“Hubo un choque y no me apoyaron a la hora de presentar la denuncia. En ese entonces era económicamente dependiente y mis padres no me iban a respaldar. Intenté pasar página, centrarme en mis estudios y seguir con mi vida”.
Miguel se entregó por completo a sus estudios de medicina y logró tener un alto rendimiento académico.
Intentó olvidar el abuso, pero hacia 2002, cuando tenía 20 años, salió a la luz el escándalo de pederastia en la Iglesia católica de Boston, en Estados Unidos.
La investigación que publicó en varias entregas el periódico The Boston Globe mostró no solo que hubo muchos menores abusados por sacerdotes, sino que la iglesia se encargó de proteger y encubrir a los abusadores.
“A mí eso me removió mucho. Esos estímulos de las noticias, de la tele, hicieron que aflorara el trauma reprimido y que saliera a la superficie. Me puse muy mal. No podía dormir”.
Miguel buscó ayuda. Conocía una fundación que trabajaba el abuso sexual infantil y ofrecía terapia de grupo. Decidió entonces contactar de nuevo a la Abadía para pedirles una indemnización.
“Les escribí una carta muy enfadado en la cual los criticaba por cómo habían gestionado los hechos. Les decía que yo estaba mal, que necesitaba terapia, que no creía que mis padres tuvieran que pagarla y que necesitaba una indemnización económica para costearla”.
Esta vez la institución respondió con una carta de su abogado en la que solicitaban una reunión a la que Miguel asistió en compañía de una abogada.
“Me hicieron explicar de nuevo los abusos. Yo creo que era un careo para comparar lo que yo contaba con lo que había escrito y ver si mi testimonio era creíble".
“Al final mi abogada y su abogado acordaron una indemnización muy básica, muy baja, de unos 7.200 euros (unos US$7.600) para gastos de terapia. Ellos no quisieron pagar directamente con una transferencia bancaria para que no quedara el menor rastro. Me pagaron en tres pagos en sobres y con billetes de 500 euros”.
Ese proceso, además, sirvió para que su mamá se uniera a su causa.
“Cuando mi madre vio que al solicitar una indemnización, esa reacción tan pastoral cambió y tomaron una actitud tan hostil y tan legalista, más propia de una multinacional, se dio cuenta de que la habían engañado y que la habían utilizado”.
Por fin Miguel se sintió respaldado por su familia y la terapia fue un primer paso para empezar a transitar el trauma del abuso sexual. En ese proceso entendió que su abusador había sido una figura paterna, de la que él carecía, en un momento fundamental de su vida.
Pero con el paso del tiempo, él quiso constatar que la iglesia hubiera cumplido con su promesa de aislar a su abusador y decidió buscarlo por internet.
“Descubrí que había fallecido. Pero también descubrí que antes de morir la Abadía de Montserrat le había publicado un libro de memorias con prólogo de Jordi Pujol, ex presidente del gobierno catalán".
“A mí eso me pareció la gota que colmó el vaso, era el último insulto y me di cuenta de que tenía que hacer algo”.
Era 2011, Miguel ya tenía 29 años y conocía mejor a la institución a la que se enfrentaba.
Lo primero que Miguel hizo fue poner en marcha una estrategia para conseguir evidencia que pudiera respaldar su testimonio.
A esas alturas sabía que lo más probable era que no le creyeran y que, por el contrario, lo desacreditaran.
Decidió volver a contactar a los dirigentes de la institución católica. Les envió otra carta pidiéndoles una reunión, a la que decidió ir con una cámara oculta para grabar toda la conversación.
Miguel se encargó de propiciar más encuentros con diferentes autoridades católicas que conocían su caso y también las grabó a escondidas. Las reuniones ocurrieron a lo largo de varios años.
“El monje Josep María Sanromá, a quien le conté sobre mi abuso cuando ocurrió, se justificó revelando que él le había explicado al abad de la época lo que había pasado y que había sido el abad quien había decidido no hacer nada".
“Con el abad Josep María Soler, quien fue nombrado cuando yo tenía 18 años, tuve dos conversaciones. El dijo que mi agresor había negado los hechos. Pero que en los años 70 habían oído historias, rumores de comportamiento sexual inapropiado, cuando él era el responsable de un grupo de jóvenes que quedaba los fines de semana para ir a un albergue católico".
“Que no sabía si se habían tomado medidas o no, pero que cuando yo, décadas después, expliqué lo que me había pasado, a él no le pilló por sorpresa".
“Y la justificación que me dio respecto al libro fue que él no sabía como abad que se había publicado. Que la editorial actúa de forma independiente, pero que se comprometía a retirarlo de circulación y a destruir todos los ejemplares”.
Con esas grabaciones Miguel había conseguido tener evidencia de que los dirigentes católicos sabían sobre su abuso y no lo habían denunciado ante las autoridades.
Pero faltaba un último paso: devolverles el dinero que le habían dado de forma extraoficial para la terapia y así probar que esas transacciones habían existido.
“Aproveché para devolverle el dinero y para decirle que era dinero manchado, que yo no lo quería y que me habían utilizado. Grabé cómo lo devolvía ".
“Y al final yo le dije que ellos me habían pedido insistentemente que guardara silencio, pero que ante esta situación, ya no podía garantizarles que fuera a hacerlo. Él me pidió de nuevo que callara porque el abad de la época, cuando yo era menor de edad y habían sucedido los abusos, era ya muy mayor y le daría un disgusto y le afectaría mucho.”
En esa época, Miguel empezó a contar su caso de manera anónima a algunos medios locales.
“Ahora que somos adultos empoderados podemos contar la historia de los abusos sexuales a menores en la Iglesia católica española", explica Hurtado.
En 2019, a sus 37 años, Miguel contó su historia al diario español El País. Nombró a su abusador y a quienes supuestamente lo habían encubierto, respaldado por las pruebas que había reunido.
Ese mismo año colaboró con el documental "Examen de Conciencia", en el que se expone el caso de la pederastia en la Iglesia católica española, y que ha sido ampliamente distribuido por Netflix.
“Lo que me motivó fue que en mi escala de valores, en mi escala ética y moral, no era aceptable que una institución, por más poder, prestigio o influencia que tenga, se comporte de esa manera".
“Se habían comportado como una organización mafiosa, como una organización criminal. De puertas para afuera daban un discurso de valores cristianos humanistas, de cuidar al vulnerable, de defender los derechos de los niños y luego, de puertas para adentro, estaban cometiendo mil y un delitos. Yo sabía que éticamente tenía que denunciar lo que había pasado y que era importante que la verdad se supiera”.
Después de 20 años de intentarlo por diferentes vías, a Miguel sólo le quedaba la denuncia pública.
“Era la única herramienta de poder que tenía. Cuando tuve la primera crisis, yo me asesoré con una abogada y me explicó que, según la legislación aplicable en esa época, mi caso prescribía a los tres años desde la mayoría de edad, es decir, a los 21 años. Legalmente no podía hacer nada. Las puertas de la justicia estaban cerradas. Y eso es lo que ha pasado en la mayor parte de los países del mundo”.
Pero su estrategia dio frutos. Formó parte del grupo de activistas de todo el mundo que participó en la cumbre antipederastia que organizó el papa Francisco en Roma en febrero de 2019.
Además, sus denuncias públicas animaron a otras víctimas a contar sus historias y ante esa evidencia, la iglesia decidió llevar a cabo una investigación interna para la que convocó a una comisión independiente.
“En septiembre de 2019 publicaron los resultados y la comisión independiente lo que dijo es que mi agresor había sido un depredador sexual. Que había abusado de al menos 12 niños durante 30 años. Y no solamente esto, sino que no era el único caso de abuso sexual que había ocurrido en Montserrat”.
Miguel decidió, entonces, empezar a enfocar su activismo en el tema de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad, pues dice que la prescripción legal ha sido la gran aliada de abusadores y encubridores.
Esa idea se materializó con la campaña “El abuso no prescribe” en la plataforma Change.org.
“ Conseguí 560.000 firmas y costó muchísimo que los políticos se interesaran. Al final, en 2021, por fin se aprobó una ley en la cual se amplió el plazo de prescripción a 17 años, de manera que las víctimas tienen 17 años más para denunciar, en casos que hayan ocurrido desde el momento en el que empezó a regir la ley”.
Aunque se consiguió ampliar el plazo, esos delitos siguen prescribiendo en España. Por eso buscó asesoría en otros países que han legislado a favor de la imprescriptibilidad. Su idea era aportar elementos para el informe de la Defensoría del Pueblo que empezaba a elaborarse en 2022.
“Hay otros países como Perú, Ecuador, Chile y Colombia que ya han aprobado la imprescriptibilidad completa. Los activistas españoles seguimos luchando para que se eliminen completamente los plazos de prescripción. Es una lucha muy dura y muy larga porque los políticos no nos están apoyando mucho”.
En marzo de 2022 el Congreso español encomendó al Defensor del Pueblo crear una comisión independiente que fuera presidida por él y que elaborara un informe sobre las denuncias por abuso sexual en la Iglesia católica española.
El pasado 27 de octubre, un año y siete meses después de aquel encargo, el defensor Ángel Gabilondo presentó al Congreso el trabajo de 779 páginas titulado: “Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos. Una Respuesta Necesaria”.
Para la investigación, la comisión recibió el testimonio de 487 víctimas que son reseñadas en el texto de manera anónima.
Además, como parte de la investigación, se realizó un estudio con una muestra de 8.000 personas residentes en España.
El objetivo era intentar cuantificar la magnitud del problema y a partir de los datos recogidos, se concluyó que el 1,13% de la población adulta actual ha sufrido abusos en España por parte de religiosos católicos.
"Los medios de comunicación, al extrapolar los datos, dieron una cifras de 230.000 víctimas de pederastia por parte de religiosos en España y unas 400.000 aproximadamente de abusos sexuales en instituciones católicas", explica Miguel.
El cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Barcelona, rechazó esos números en su cuenta de X (antes Twitter).
Dijo que "las cifras extrapoladas por algunos medios son mentira y tienen intención de engañar" y asegurando: "No nos cansaremos de pedir perdón a las víctimas y trabajar por su sanación".
El informe del defensor constituye el primer relato oficial sobre este tema en el país europeo que, además, ha sido criticado por su demora en responder a un fenómeno de interés público y de escala mundial.
En el texto se reconoce ese rezago. “ Nuestro país se encuentra entre los últimos de Europa occidental en haber creado una comisión y en haber realizado un informe. Entre los países más cercanos, ya lo han hecho tanto Francia (2021), como Portugal (2023)".
“Pero mucho antes, saltando de continente, cabe recordar que Canadá ya creó una comisión parlamentaria en 1989 y presentó un primer informe en 1992 (ampliado en 2007), y le siguieron Estados Unidos (2004)”
Para Miguel, esa demora no resulta extraña.
“ Durante 40 años España fue una dictadura nacional católica, donde el poder civil y el poder religioso eran hermanos siameses. No sabías dónde comenzaba uno y acababa el otro, y había unas resistencias enormes por parte de la prensa y por parte de las autoridades civiles a la hora de investigar estos hechos”.
Pero lo cierto es que España ya dio un primer paso y Miguel ha aportado algo al proceso. De hecho, en el informe del Defensor del Pueblo reseñan su caso y cómo su activismo consiguió colocar el tema en la agenda y lograr la modificación de la ley de prescripción.
“Conseguí que un equipo jurídico chileno, muy potente, que eran los que habían redactado la ley de imprescriptibilidad chilena, escribiera un documento jurídico técnico de 120 páginas recomendando una ley de imprescriptibilidad en España".
“Yo entregué ese informe a la comisión de investigación del Defensor del Pueblo. Tuve una reunión con Ángel Gabilondo para explicarle la medida”.
Pero siente que no fue escuchado del todo.
"Al leer el informe, se ve que las víctimas en múltiples ocasiones y por múltiples vías pedimos la imprescriptibilidad, pero siguen sin escucharnos y siguen sin incluirla en las recomendaciones".
Miguel está concentrado en lograr que eso cambie para aportar, en algo, a la protección de las nuevas generaciones.
“El principal problema es que los abusos sexuales infantiles son siempre un abuso de poder. Y cuanto mayor sea la asimetría entre el niño y el adulto, más difícil es denunciarlos y revelarlos siendo niño o adolescente".
“Para poder contar tu historia de forma segura y que no sufras retraumatización secundaria es fundamental estar empoderado ".
“Tienes que haber hecho terapia en muchas ocasiones. Tienes que haber contado la historia al círculo íntimo y encontrar un círculo que te proteja y ayude. Tienes que ser independiente económicamente. Tienes que tener recursos personales y financieros”.
Y esas condiciones que describe Miguel se consiguen, en la mayoría de los casos, años después de ocurridos los abusos.
“La evidencia científica nos demuestra que las víctimas tardan décadas en poder denunciar estos hechos. Por eso hay campañas muy activas en buena parte del mundo para ampliar o eliminar los plazos de prescripción en los delitos de pederastia”.
La lucha de Miguel está motivada por ese menor que fue, que nadie pudo proteger para que no fuera abusado y que se convirtió en un adulto que ha tenido que trabajar sin descanso para enfrentar su trauma.
“Cuando ya eres más adulto, ves el impacto que el abuso sexual ha tenido en tu vida y comparas cómo ha sido tu vida y cómo podía haber sido si no hubieras sido abusado sexualmente.
"Tienes que hacer un duelo por la pérdida de las múltiples oportunidades que otros chavales de tu edad disfrutaron, pero que tú no podías porque estabas deprimido, angustiado, traumatizado, encerrado en una habitación sin ver a nadie”.