Juan Orlando Hernández: 4 claves del juicio al expresidente de Honduras por narcotráfico que empieza en EEUU (y por qué es tan especial)
En la vasta historia de juicios a latinoamericanos por narcotráfico en Estados Unidos, el que comienza este martes contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ocupa un lugar especial.
Hernández fue detenido en su casa de Tegucigalpa en febrero de 2022, tan solo 19 días después de dejar el poder, y extraditado a EE.UU. en abril de ese año para responder en una corte de Nueva York a cargos de tráfico de drogas que él rechaza.
El proceso es seguido con expectativa en Honduras, donde algunos medios lo han denominado “el juicio del siglo”, y su inicio ha sido postergado por diferentes motivos.
Si bien en EE.UU. hubo otros juicios recientes de alto perfil por narcotráfico —como el realizado el año pasado al exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, o en 2019 al líder del cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán— es extraordinario que un exjefe de Estado como Hernández sea acusado de ese tipo delitos en el país del norte.
El antecedente más notorio es el del fallecido general panameño Manuel Antonio Noriega, condenado a 40 años de cárcel en 1992 en Miami.
“Estos son los tipos de conexiones a los que es más difícil llegar, pero además frente ante a los que hay más impunidad precisamente por los niveles e intereses políticos que se mueven”, explica a Mundo Noticias Angélica Durán-Martínez, una profesora de ciencia política en la Universidad de Massachusetts Lowell experta en temas de narcotráfico y crimen.
Hay cuatro claves que ayudan a entender la dimensión del juicio a JOH, las iniciales por las que también se conoce al expresidente hondureño:
Hernández, de 55 años, gobernó Honduras entre 2014 y 2022 en dos mandatos consecutivos, pese a que la Constitución del país prohíbe la reelección presidencial.
Llegó al cargo como candidato del conservador Partido Nacional de Honduras, luego de presidir el Congreso Nacional y de la crisis política que se desató en 2009 cuando el entonces presidente Manuel Zelaya intentara realizar un referéndum no vinculante para cambiar la Constitución y fuera depuesto.
Mientras Zelaya era visto como un aliado del entonces presidente venezolano Hugo Chávez, un socialista enfrentado a EE.UU., Hernández se mostró como aliado de Washington en temas de seguridad y migración desde que llegó al gobierno.
Un fallo del Tribunal Supremo Constitucional, de mayoría oficialista, autorizó a JOH a buscar un segundo mandato en las elecciones de 2017, que resultaron polémicas.
El presidente ganó ventaja en el escrutinio tras varias irregularidades señaladas por observadores internacionales y, al ser declarado ganador, se desataron masivas protestas que dejaron varios muertos.
La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió repetir los comicios, pero EE.UU., bajo la presidencia de Donald Trump, aceptó la reelección de Hernández.
Al tiempo que su gobierno recibía ayuda económica de Washington, JOH firmó un controversial pacto con Trump para detener el flujo de migrantes hacia EE.UU.
En 2020, Hernández evitó renovar el mandato de una misión anticorrupción creada en Honduras con apoyo de EE.UU. y la OEA, que había ayudado a investigar a decenas de funcionarios hondureños.
Pero en ese entonces, de forma reservada, las fuerzas de seguridad y los fiscales estadounidenses ya habían puesto en su mira al presidente hondureño.
El mismo 21 de abril de 2022 en el que JOH fue extraditado en un avión de la agencia antidroga estadounidense DEA, un tribunal federal en Nueva York reveló cargos en su contra por narcotráfico y posesión de armas.
El Departamento de Justicia de EE.UU. afirmó que Hernández “participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos”.
Agregó que mientras fue congresista y presidente, JOH habría recibido “millones de dólares en ganancias de la cocaína que usó para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral mientras el pueblo de Honduras soportaba condiciones de pobreza y violencia desmedida”.
Y precisó que Hernández habría usado su cargo para proteger con las fuerzas de seguridad hondureñas cargamentos de drogas que pasaban por su país hacia EE.UU., apoyando a organizaciones de narcos locales, de México y otros países.
En particular, señaló que durante su campaña presidencial de 2013 aceptó un soborno de US$1 millón de “El Chapo” Guzmán, que recogió su hermano Tony Hernández y un socio armados con ametralladoras, para proteger las actividades del cartel de Sinaloa en Honduras.
El expresidente fue imputado por tres cargos de conspiración para importar cocaína a EE.UU., uso de ametralladoras y dispositivos destructivos para ese fin, que conllevan sentencias mínimas obligatorias de 10 y 30 años hasta cadena perpetua.
Si bien se desconoce la totalidad de la evidencia que los fiscales estadounidenses tienen contra Hernández, se espera que en la corte del sur de Manhattan presenten testigos y pruebas materiales.
Algunas posibles pruebas surgieron en juicios previos como los realizados a su hermano Tony Hernández, quien fue diputado hondureño antes de ser detenido en Miami, o Geovanny Fuentes Ramírez. Ambos fueron condenados a cadena perpetua por el juez Kevin Castel, el mismo que ahora conduce el proceso contra el expresidente.
Uno de los testigos en el caso de Fuentes fue un excontador de una arrocera hondureña que dijo haber visto cómo JOH recibió maletines con dinero del narco, con el que buscó asociarse en un laboratorio de cocaína.
"Le vamos a meter la droga a los gringos en sus propias narices y no se van a dar cuenta", habría dicho JOH según relató ese contador como testigo protegido en el juicio a Fuentes.
Se espera que contra el exmandatario testifiquen personas que cumplen sentencias por drogas en EE.UU. en procura de reducir sus propias penas, como Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo narco hondureño Los Cachiros que aseguró haber pagado US$250.000 a Hernández para que lo protegiera.
Otros posibles testigos son Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014) y condenado a 24 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico, o Alexander Ardón, un exalcalde hondureño que aguarda su propio juicio y que en el de Tony Hernández dijo haber visto el soborno de “El Chapo” a JOH.
Una incógnita es si también testificarán el exdirector de la policía hondureña, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, y Mauricio Hernández Pineda, un primo del exmandatario y exagente policial, quienes eran coacusados en el caso contra JOH y se declararon culpables.
Entre las pruebas materiales que se aguarda que sean presentadas hay unos libros de contabilidad de drogas que pertenecían a un exnarcotraficante hondureño asesinado en una prisión de su país tras la condena a Tony Hernández, en los cuales hay anotaciones a nombre de éste y de “JOH”.
Los fiscales buscarán demostrar a los miembros del jurado que el expresidente cometió los delitos que le adjudican, más allá de una duda razonable.
Hernández y sus abogados ya han dado algunas pistas de la estrategia que podría seguir la defensa para intentar demostrar la inocencia del acusado.
Desde que en los juicios anteriores en EE.UU. surgieron testimonios que lo comprometían, JOH los rechazó como dichos de narcos que querían vengarse de él por haberlos perseguido, en procura de reducir sus propias condenas.
"Reitero a mi nación, así como al mundo entero: soy inocente, soy víctima de una venganza y una conspiración por parte de los grupos del crimen organizado y enemigos políticos", señaló Hernández en una carta pública divulgada el lunes por su esposa, Ana García.
Agregó que las acusaciones que enfrenta "son falsas e injustas, llenas de mentiras, construidas de manera novelesca en base al testimonio de testigos colaboradores todos narcotraficantes confesos con acuerdos de negociación con la Fiscalía".
La defensa argumenta que durante el mandato de Hernández comenzaron las extradiciones de narcotraficantes hondureños a EE.UU. y las medidas contra el lavado de activos, lo cual desafiaría la idea de que el exmandatario participaba del negocio de las drogas.
En las últimas semanas, surgieron señalesde que Hernández buscará citar en su defensa comunicaciones o encuentros que tuvo siendo presidente con funcionarios o agencias estadounidenses para colaborar en temas de seguridad.
La Fiscalía objetó el uso de esa información bajo el argumento de que es clasificada, poco relevante para el juicio y su divulgación podría comprometer la seguridad.
El juez Castel es el encargado de zanjar estas diferencias y ya mantuvo audiencias previas con las partes para determinar los límites.
En cualquier caso, la defensa de Hernández ha anticipado que el expresidente prevé declarar en su propio juicio para refutar las acusaciones, algo atípico en estos casos.
Detrás de todo esto asoma una pregunta: ¿por qué Washington sostuvo vínculos fluidos con Hernández aun cuando sus agencias de seguridad recogían pruebas en su contra?
“Generalmente, la presunción es que no sabían y lo cierto es que siempre hay evidencia de que había indicaciones y que las agencias de seguridad de EE.UU. tienen un conocimiento hasta cierto nivel de sus contactos”, dice Durán-Martínez.
Y señala que el caso de Hernández guarda similitudes con los del mexicano García Luna o del exasesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos, además del propio Noriega, quienes fueron vistos como aliados de EE.UU. en la lucha contra el narco antes de caer en desgracia.
“La guerra contra las drogas se ha definido en torno a mostrar resultados de corto plazo”, señala la especialista, “entonces sigue siendo ventajoso para EE.UU. en algunos casos tolerar a estos personajes si pueden seguir mostrando algunos resultados en la lucha contra las drogas o en otros elementos de política”.
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