Hong Kong encarcela a 45 activistas prodemocracia por subversión en el mayor juicio por seguridad nacional en la historia de ese territorio
Un tribunal de Hong Kong condenó este martes a 45 líderes prodemocracia por subversión, tras un controvertido juicio sobre seguridad nacional que ha diezmado al movimiento democrático del territorio.
Los encarcelados forman parte de un grupo conocido como los "47 de Hong Kong", que fueron acusados en 2021 de conspiración para cometer subversión en virtud de una polémica ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en 2020 que conlleva penas de hasta cadena perpetua.
La acusación fue formulada luego de que los "47 de Hong Kong" participaran en unas primarias preelectorales celebradas en 2020 para elegir candidatos de la oposición para las elecciones generales del territorio.
Benny Tai, un exjurista identificado en la sentencia como el "cerebro" del plan preelectoral, fue condenado a 10 años de cárcel, la mayor pena impuesta hasta la fecha en virtud de la controvertida ley de seguridad.
Joshua Wong, uno de los principales líderes de las grandes protestas de 2019, fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión tras recibir una reducción de un tercio de su condena por declararse culpable.
El tribunal lo acusó de ser un “participante activo” del plan preelectoral. No se le concedieron más reducciones porque los jueces "no lo consideraron una persona de buena conducta".
En medio de la audiencia, Wong gritó: "Amo a Hong Kong", antes de abandonar el banquillo de los acusados.
Se trata del mayor juicio bajo la ley de seguridad nacional que Pekín impuso en Hong Kong tras las explosivas protestas prodemocracia que sacudieron la excolonia británica en 2019.
Las manifestaciones surgieron a raíz de una propuesta de ley que permitiría extraditar a China continental a presos hongkoneses.
Los críticos de la iniciativa temían que socavara las libertades legales de Hong Kong y pudiera usarse para silenciar a los opositores.
Cientos de miles de personas salieron a las calles de Hong Kong durante meses.
Varios analistas aseguran que el juicio ha debilitado significativamente el movimiento prodemocracia y el estado de derecho del territorio y le ha permitido a China consolidar su control sobre Hong Kong y amenazar su estatus especial.
Emily Lau, expresidenta del Partido Demócrata de Hong Kong, le dijo a la BBC que el miedo a ser arrestado en virtud de la ley de seguridad es tan grande que "recientemente, ni siquiera pudimos organizar una cena para miembros y amigos".
"Así de estresante es la situación (...) La lucha continuará, pero de forma pacífica y legal", añadió Lau en entrevista con el programa Newsday de la BBC.
Los gobiernos de Pekín y Hong Kong sostienen que la ley de seguridad nacional es necesaria para mantener la estabilidad y niegan que haya debilitado la autonomía.
Asimismo, afirman que las condenas sirven como una advertencia contra aquellos que intentan socavar la seguridad nacional de China.
"Nadie puede participar en actividades ilegales en nombre de la democracia e intentar escapar de la justicia", afirmó el martes el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, que también agregó que se opone "firmemente" a que los países occidentales "desacrediten y socaven el estado de derecho en Hong Kong".
El juicio ha despertado un enorme interés entre los hongkoneses.
Decenas de personas comenzaron a hacer cola fuera del tribunal días antes de la sentencia para asegurarse un lugar en la tribuna pública.
Este martes, Lee Yue-shun, uno de los dos acusados absueltos de los "47 de Hong Kong" que se sumó a la fila, le dijo a la prensa que quería instar a los hongkoneses a "plantear preguntas" sobre el caso, ya que "todo el mundo puede resultar afectado".
En el interior de la sala, familiares y amigos saludaron desde la tribuna pública a los acusados, que se mostraban tranquilos mientras esperaban sentados las sentencias.
Algunos de los presentes lloraron al escucharlas.
Hong Kong es una antigua colonia británica y fue devuelta a China en 1997 bajo el principio "un país, dos sistemas".
Se pretendía garantizar ciertas libertades al territorio, como la libertad de reunión y expresión, un sistema judicial independiente y otros derechos democráticos no vigentes en China continental.
Pero a principios de 2020, China aprobó la controvertida ley tras años de protestas democráticas contra Pekín, que redujeron la autonomía de Hong Kong y facilitaron el castigo a los manifestantes.
Estados Unidos estimó que el proceso tuvo motivos políticos, mientras que Australia expresó que tiene “firmes objeciones” a la controvertida ley y mostró una “profunda preocupación” por la condena a uno de sus ciudadanos, Gordon Ng.
Un portavoz de Human Rights Watch dijo que la sentencia del martes demuestra "cuán rápido se han desplomado las libertades civiles y la independencia judicial de Hong Kong" desde la promulgación de la "draconiana" ley de seguridad nacional.
Añadió que los gobiernos de China y Hong Kong "han aumentado significativamente los costos de la promoción de la democracia en Hong Kong".
John P. Burns, profesor emérito de la Universidad de Hong Kong, consideró que el gobierno pro-Pekín podría haber utilizado el juicio para “ajustar cuentas” con el bando prodemocracia.
"Las autoridades centrales también están utilizando el juicio para reeducar al pueblo de Hong Kong", le dijo a la BBC.
"El caso es importante porque proporciona pistas sobre la salud del sistema jurídico de Hong Kong".
Stephan Ortmann, profesor adjunto de Política en la Universidad Metropolitana de Hong Kong, señala que la sentencia "sienta un precedente sobre la severidad de los castigos por disidencia política bajo la NSL".
El movimiento prodemocracia se ha visto ahora "muy debilitado" y "la autocensura se ha convertido en la norma", añadió.
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