"Emergencia nacional" en la frontera con México: 6 medidas para reducir la migración anunciadas por Trump en su primer día como presidente de EEUU
Uno de los temas en los que centrará sus esfuerzos la nueva administración de Estados Unidos, encabezada ya por Donald Trump, es la migración.
El propio mandatario lo dejó claro este lunes en su primer discurso como presidente, en el que avanzó las órdenes ejecutivas que firmó más tarde.
Con una de las decenas de órdenes presidenciales que rubricó por la tarde en el Despacho Oval, el republicano declaró la "emergencia nacional" para la frontera entre EE.UU. y México.
En su intento para reducir el ingreso de extranjeros al país, le permitirá sellar la frontera y también destinar más fondos a la deportación masiva que lleva meses prometiendo.
"La soberanía de Estados Unidos está bajo ataque. Nuestra frontera sur está invadida por carteles, pandillas criminales, terroristas reconocidos, traficantes de personas, contrabandistas, hombres en edad militar provenientes de países que son adversarios y cuyos antecedentes no han sido revisados, y de narcóticos ilícitos que perjudican a los estadounidenses", se lee la orden ejecutiva en la que se declara la emergencia.
"Como comandante en jefe, no tengo deber más solemne que proteger a los estadounidenses de ello".
A continuación, las medidas que serán la base de la "política migratoria de sentido común" que anunció Trump en su primer discurso como presidente.
Con sus órdenes ejecutivas, Trump pretende restablecer la polémica política de "quédate en México" para acabar con la práctica conocida como de "captura y liberación" llevada a cabo por la anterior administración.
Denominados oficialmente Protocolos de Protección al Migrante, la política estuvo en vigor durante su anterior mandato, hasta que fue suspendida en 2022.
Bajo la misma, los solicitantes de asilo que llegaban a la frontera sur de Estados Unidos eran enviados a México mientras esperaban la resolución de sus casos en los tribunales migratorios estadounidenses.
El programa afectó entonces a 75.000 migrantes que trataban de llegar a EE.UU.
Poco después de la toma de posesión, las autoridades fronterizas estadounidenses comunicaron que habían cerrado el programa de entrada legal del presidente saliente, conocido como CBP One, que había permitido a cientos de miles entrar concertando una cita en una aplicación.
Las citas agendadas fueron canceladas, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), y su sitio web indica que la app "ya no está disponible".
Según CBS, el socio estadounidense de la BBC, la administración Biden había programado aproximadamente 30.000 citas a través de CBP One para las próximas tres semanas.
Organizaciones que trabajan en el sector calculan que había hasta 270.000 migrantes en México a la espera de una oportunidad para ingresar al país del norte por medio de ese sistema.
Los fotoperiodistas que cubrían la jornada este lunes desde la frontera retrataron la desesperación de muchos de ellos.
"Espero que dios le ablande el corazón (a Trump)", le dijo a la BBC Oralia, una mujer mexicana que huyó junto a su hijo de su pueblo por la violencia del narco y que lleva siete meses en la ciudad fronteriza de Tijuana a la espera de poder cruzar. "Realmente necesitamos ayuda".
Entre las prioridades de Trump estarán también unas medidas "enérgicas" contra los "santuarios para migrantes", detalló la Casa Blanca en un comunicado.
En las ciudades y condados denominados "santuario" los empleados municipales no pueden "investigar, citar, arrestar, retener, transferir o detener a ninguna persona" con el propósito de hacer cumplir la ley de inmigración, a excepción de casos en los que se estén investigando delitos graves.
Tampoco les está permitido recopilar información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de alguien, a menos que sea necesario para brindar un servicio municipal.
Ciudades "santuario" como Chicago y Nueva York podrían ser las primeras objeto de deportaciones.
"Enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país", proclamó Trump este lunes durante su primer discurso como presidente estadounidense.
Según la Casa Blanca, la seguridad en la frontera será considerada "una cuestión de seguridad nacional" y se involucrarán en ello las fuerzas armadas, incluida la Guardia Nacional.
No se especificó cuántos y a qué puntos exactos se destinarán dichos efectivos.
El anuncio ya suscitó críticas, ya que la legislación de EE.UU. prohíbe que los soldados detengan directamente a la población civil.
La nueva administración también tendrá como prioridad el seguir construyendo el muro a lo largo de los más de 3.000 km que separan EE.UU. y México.
Además de militarizar el área fronteriza, la declaración de emergencia nacional le permitirá a la nueva administración destinar más fondos y recursos a la "deportación masiva" que Trump lleva meses prometiendo.
"Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal, y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron", proclamó una vez más el nuevo mandatario durante su discurso.
Aunque no especificó dónde y cuándo empezarán las devoluciones.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) calculó en 2022 que había en el país 11 millones de inmigrantes indocumentados, una cifra con la que coincide la organización Pew.
Estimaciones más recientes acercan el número a los 14 millones.
Sea como fuere, este lunes Trump también firmó una orden para eliminar el derecho a adquirir de forma automática la ciudadanía estadounidense por nacimiento, si bien este está protegido por la Constitución, por lo que expertos creen que será difícil revertirlo.
Por el momento, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes ya anunciaron que demandaron al nuevo gobierno por dicha acción.
"La ciudadanía por derecho de nacimiento encarna la promesa más fundamental de EE.UU: que todos los niños nacidos en nuestro suelo como miembros plenos e iguales de nuestra comunidad nacional, independientemente del origen, el estatus o las circunstancias de sus paredes", se lee en la denuncia presentada.
"Negar la ciudadanía a los niños nacidos en EE.UU. no solo es inconstitucional, sino que implica también el repudio imprudente y despiadado de los valores estadounidenses".
El nuevo jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, estará a cargo de supervisar las políticas migratorias del gobierno, y trabajará codo con codo con el "zar de la frontera" y fiel asesor de Trump, Tom Homan.
Homan, quien estuvo al frente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante el primer mandato del republicano, será el encargado de planificar redadas y otras acciones.
Mientras, el nuevo Congreso, en cuyas dos cámaras tiene mayoría el Partido Republicano, ya se alineó con las políticas migratorias de Trump.
Una ley que permitiría las deportaciones de migrantes indocumentados que hayan cometido delitos menores, como un hurto, aunque no hayan sido condenados por ello, ya fue aprobada por la Cámara de Representantes y este lunes el Senado le dio luz verde. Ahora solo falta que lo confirme de nuevo la Cámara.
Otra de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump este mismo lunes contempla la suspensión de reasentamiento de refugiados por cuatro meses, aunque sus detalles aún no se hicieron públicos.
El anterior gobierno había expandido la recepción de refugiados a más de 100.000 por año.
La Casa Blanca argumenta sin detalles que la suspensión responde a que hay "comunidades que se vieron forzadas a acoger un número insostenible de migrantes, poniendo en entredicho su seguridad y sus recursos".
Ya desde su anterior mandato, el republicano suele asociar la migración con el aumento de la criminalidad en EE.UU.
En esa línea, además de sellar la frontera, Trump adelantó que iniciará el proceso para designar a los carteles mexicanos del narcotráfico como "organizaciones terroristas".
"Sus actividades, su proximidad y las incursiones en el territorio físico de Estados Unidos constituyen un riesgo inaceptable para la seguridad nacional", señala la decisión presidencial rubricada por Trump al respecto.
La medida se observa con temor desde Ciudad de México, ya que se interpreta que podría abrir la puerta a una eventual intervención militar estadounidense en territorio mexicano.
Preguntado por periodistas presentes en el Despacho Oval, Trump afirmó que no descarta esa opción para combatir a los carteles.
Según la orden ejecutiva, también se arrancará el proceso para que se incluyan en la categoría de "organizaciones terroristas" otros grupos.
Entre ellos, se señala a la Mara Salvatrucha o MS-13, la pandilla nacida en las calles de Los Ángeles en la década de los 80 y que adquirió otra dimensión cuando muchos de sus miembros fueron deportados a El Salvador, y al Tren de Aragua, una banda surgida en una cárcel de Venezuela y con presencia en otros países de América Latina.
Paralelamente, se invocará la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a los miembros de dichos grupos del país.
Esta norma permite perseguir a los miembros de bandas extranjeras en EE.UU., una potestad que se usó por última vez para detener a personas de ascendencia japonesa, alemana e italiana en campos de internamiento durante la Segunda Guerra Mundial.
Trump también planea reinstaurar la pena de muerte a nivel federal, cuya moratoria fue impuesta bajo el mandato Biden.
En 2021, el entonces fiscal general, Merrick Garland, declaró una moratoria de las ejecuciones federales mientras el Departamento de Justicia revisaba los procedimientos pertinentes.
"Estos esfuerzos por subvertir y socavar la pena capital desafían las leyes de nuestra nación, se burlan de la Justicia e insultan a las víctimas de estos horribles crímenes. La responsabilidad más solemne del gobierno es proteger a sus ciudadanos de actos abominables, y mi administración no tolerará los esfuerzos por obstaculizar y destripar las leyes que autorizan la pena capital contra quienes cometen actos horribles de violencia contra ciudadanos estadounidenses", se lee en la decisión presidencial firmada por Trump al respecto.
Por ello, se establece que el Departamento de Justicia perseguirá la pena de muerte como el "castigo apropiado para los crímenes atroces contra la humanidad", incluido para quienes matan a agentes del orden público y para "migrantes ilegales que mutilan y asesinan a estadounidenses".
Las reacciones a las medidas anunciadas por Trump, así como las órdenes presidenciales firmadas, no se hicieron esperar.
Los grupos en defensa de los derechos de los migrantes fueron los primeros en criticarlas.
En un comunicado, Jennie Murray, presidenta y directora ejecutiva del Foro Nacional de Inmigración, dijo que las órdenes son "decepcionantes pero no sorprendentes".
"Eran de esperar, pero separarán a las familias y debilitarán nuestra economía", subrayó Murray. "No defienden los valores estadounidenses".
Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva de United We Dream, una organización nacional de jóvenes inmigrantes, fue aún más dura.
"Las decisiones presidenciales muestran que la administración pasará los próximos cuatro años tratando activamente de destruir nuestras vidas", zanjó.
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